HAY QUE ATREVERSE A DAR UN PASO MÁS
En esta nota la autora sostiene que la sociedad está lista para darse una ley que permita la interrupción voluntaria del embarazo y dar un paso más en la ampliación de derechos fundamentales para todos.
Aprobada la ley que reforma el Código Civil para incluir el matrimonio igualitario, deberíamos atrevernos a ir por más en la permanente búsqueda de la ampliación de derechos. Si la sociedad, a través de sus legisladores, ha demostrado la madurez suficiente como para consagrar el denominado “matrimonio gay”, seguramente aprobará también el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente un embarazo no deseado, ejerciendo a pleno la soberanía de su propio cuerpo.
En nuestro país se producen medio millón de abortos clandestinos al año, decenas de miles de internaciones por complicaciones y miles de muertes producto de la mala praxis. No es novedad que esta práctica ilegal, además de representar un riesgo serio para la salud, constituye un fabuloso negocio que alimentan con mayor facilidad y garantías sanitarias las mujeres que cuentan con más recursos.
Por eso, creo que el proyecto de ley para despenalizar la interrupción del embarazo debe ser tratado inmediatamente en el Congreso de la Nación donde, seguramente, encontrará eco favorable en función del grado de apertura que el mismo ha demostrado.
Negar este debate, continuar con una prohibición discriminatoria hacia la mujer que les impide decidir sobre su propio cuerpo, es perpetuar un intervencionismo estatal de naturaleza negativa. Por el contrario, la legislación debería actualizarse para proteger integralmente a las mujeres que, desafiando a un Código Civil arcaico en este aspecto, deciden interrumpir su embarazo igual.
De aprobarse esta iniciativa no se estará propiciando el aborto sino blanqueando una realidad inocultable, asegurando condiciones sanitarias tuteladas por ley y desbaratando un negocio clandestino de dimensiones formidables.
Nadie en su sano juicio puede estar a favor del aborto y no cabe la menor duda de que el Estado debería extremar su esfuerzo de difusión en materia de campañas educativas de salud sexual y reproductiva para evitarlo; pero ello no debe ser obstáculo para que mujeres y hombres sean condenados a una paternidad no deseada.
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